Después de más de 4 años de la controvertida decisión de enjuiciar a seis jóvenes repobladores del pueblo abandonado en Guadalajara por un delito contra la ordenación del territorio, delito medioambiental y usurpación del monte público, queda claro que los denunciados actuaron como pioneros en la lucha contra la despoblación, por lo que esta demanda contra ellos aparte de ser injusta se enmarca en el terreno de intereses particulares y políticos. El pueblo expropiado por el franquismo se convirtió en zona de operaciones militares y a día de hoy es un coto de caza privado. Quizás el desencadenante de la persecución a los seis de Fraguas por ir contra intereses económicos y de especificaciones reaccionarias. Fraguas fue abandonado en 1960 siendo expulsados sus habitantes recibiendo una indemnización muy precaria. En 2013 un grupo de jóvenes que reivindican la vida en armonía con la naturaleza encontraron este pueblo abandonado y maltratado, pero rodeado de árboles frutales con una tierra de calidad para cultivo y con agua. Un sitio idóneo para vivir y recuperar de la sin razón aquella expropiación en tiempos de la dictadura militar. Parece ser que los intereses de quienes siguen acomodados en las configuraciones del franquismo, atesoran el botín de la contienda del golpe de estado de 1936 en nuestro país y aplican la justicia a favor de su interpretación, pueden expulsar del pueblo a todo aquel que quiera rehabilitarlo o entorpecer parte del ocio y del negocio de la caza. Ellos se creen los dueños de este espacio natural y de muchos otros.

Las desproporcionadas medidas tomadas por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y concretamente por La Consejería de Desarrollo Sostenible no se ajustan a derecho, entendiendo la justicia por la parte de las leyes naturales. Atenta a lo más fundamental de la ética al querer encarcelar a seis jóvenes cuyo único empeño ha sido repoblar en la naturaleza un espacio apto para la vida sostenible, protegiendo el entorno, recuperando huertas, frutales y edificaciones medio derruidas. Como además la propia consejería aconseja en sus comparecencias en mitines y medios de comunicación, sobre la necesidad de volver a esos pueblos de la España Vaciada. No se entiende que pretendan meter en la cárcel a ciudadanos intachables, la mayoría con estudios superiores y actualmente algunos con hijos pequeños, por el simple hecho de restaurar una casa en un pueblo abandonado. Recordamos aquí que en el juicio los agentes medioambientales dieron un informe favorable del trabajo de protección a la naturaleza que estaban desarrollando los nuevos habitantes de Fraguas. Por lo que el fallo del tribunal fue eximir de culpa a los encausados del delito medioambiental que en definitiva es la acusación más grave y reprobable, que sí podría dar sentido a la acusación por parte de la Consejería. Probado que el delito medioambiental no existe las demás acusaciones son meramente administrativas y muy cuestionables.
El juzgado ha obrado de acuerdo a unas leyes que sirven para proteger espacios naturales del abuso de vertidos clandestinos o explotaciones desproporcionadas, no contra un grupo de jóvenes que invierten sus esfuerzos en un proyecto a todas luces proporcionado.

No podemos asistir a semejante espectáculo de incongruencias por parte de la administración que debe actuar siempre con la máxima coherencia y olvidarse de una vez por todas de maltratar a unos y favorecer a los más agraciados económicamente. Mientras unos construyen con el mínimo gasto de dinero, los otros destruyen exagerando el gasto a límites absolutamente irreales.

Y ya lo pueden pintar del color que quieran pero esto es así.